Entre los límites de los municipios de San Pedro Cholula y San Andrés Calpan se encuentra la Planta Procesadora de Residuos Sólidos Urbanos de Cholula, que con el paso de los años se convirtió literalmente en un basurero. Comenzó sus operaciones el 24 de febrero de 2016 durante la administración de José Juan Espinosa y Rafael Moreno Valle, con una inversión de 80 millones de pesos, con el objetivo de recibir 200 toneladas diarias de basura. Durante 8 años ha operado con total impunidad.
El 12 de febrero, ya bajo el nombre de Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua de Cholula (UPF), se movilizaron hacia la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) para denunciar que, sin permiso del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, la empresa Pro Faj Hidro Limpieza S.A. de C.V. excavó un socavón de aproximadamente 25 a 30 metros de profundidad para expandir el área destinada al depósito de desechos de 21 municipios. Aquí comenzó la batalla social y jurídica para detener la expansión del basurero, exigiendo su clausura total.
Ante la falta de respuesta, la UPF se movilizó nuevamente el 21 de febrero hacia las instalaciones del basurero, conocido ahora como el “basurero de muerte”, para llevar a cabo una clausura simbólica. Fue entonces cuando iniciaron los diálogos entre los pueblos y funcionarios públicos del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, un representante de la SMADSOT, la CONAGUA, la CDH y Edgar Gómez Ríos, Director General de Delegaciones de Gobierno de Puebla. Estos últimos buscaban facilitar la operación del basurero, negando en todo momento la información y justificando el debido proceso, argumentando que cualquier solicitud de información debería realizarse a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. A partir de ese momento se estableció un plantón frente al basurero, impidiendo que ingresara más basura a la montaña de desechos que ya recibía entre 550 y 600 toneladas diarias de 21 municipios.
Durante este tiempo, se llevaron a cabo diversas acciones como jornadas académicas y diálogos entre los pueblos para informar sobre las afectaciones del basurero, que incluyen contaminación del agua y la tierra debido a la creciente presencia de lixiviados que se filtran en los alrededores y en la superficie de la gran montaña de basura, así como contaminación del aire con gas metano, causante de enfermedades gastrointestinales, y degradación de la tierra que afecta la capacidad para la agricultura.
Sin avances significativos, el 9 de abril ocurrió un hecho inesperado: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) acudió a las instalaciones del que alguna vez fue una Planta Procesadora de Residuos Sólidos Urbanos para colocar los primeros sellos de clausura al ahora denominado basurero de muerte. Se otorgó a la empresa Pro Faj Hidro Limpieza un plazo de gracia de 15 días para cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003.
El 22 de abril, en el Día Mundial de la Tierra, campesinos en carretas, tractores, bicicletas, y una multitud de automóviles y taxis formaron parte de una mega caravana que partió del Basurero de Cholula hacia las instalaciones de la SMADSOT con el objetivo de que la titular de esa dependencia, Norma Ángelica Sandoval Gómez, mostrara el manifiesto de impacto ambiental. Nuevamente estuvo presente Gómez Ríos para mediar entre las partes. La manifestación se prolongó por más de seis horas bajo la lluvia, y finalmente el director de Delegaciones de Gobierno de Puebla desapareció, ya que nunca estuvo de acuerdo en que el diálogo fuera público y con la presencia de medios de comunicación.
A pesar de que la empresa no cumplió con las recomendaciones de la PROFEPA, esta misma dependencia retiró los sellos de clausura el 29 de abril. Al día siguiente, un convoy de patrullas de diferentes municipios escoltó camiones llenos de basura de cada uno de los 21 municipios, obligando el ingreso de sus desechos al vertedero saturado en un 400%. Los habitantes de la zona establecieron un puente de comunicación inmediato y alrededor de las 20 horas una gran cantidad de personas continuaban movilizándose hacia el plantón para mostrar solidaridad con los pueblos que defienden el agua de la contaminación generada por el basurero de Cholula.
Más tarde, en medio de la oscuridad, los habitantes de San Francisco Coapan avanzaron hacia el plantón, pero fueron interceptados por la policía, que pronto comenzó a disparar, golpear a los pobladores y vandalizar automóviles, llegando incluso a incendiar una motocicleta que quedó completamente calcinada. A la mañana siguiente se encontraron al menos 10 casquillos de balas de 9 y 5.56 mm.
El 8 de mayo, la organización Nodo de Derechos Humanos publicó en el portal Lado B la investigación “¿El cártel de la basura? Relaciones de poder y laberintos legales en el basurero de las Cholulas”, donde se evidencia una red de corrupción e impunidad en favor de Cuauhtémoc Ochoa Fernández como socio de CIPA, junto con Isabel Sánchez y Pablo León, quienes se presentan como representantes legales de PRO-FAJ, la empresa detrás de la “Planta Procesadora de Residuos Sólidos Urbanos” de Cholula.
Sin obtener una respuesta adecuada y enfrentándose a declaraciones de estigmatización y criminalización por parte del Secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, hacia los defensores del medio ambiente, los pueblos cholultecas se reunieron el 14 de mayo en la Plaza de la Concordia en una asamblea donde determinaron la clausura total del basurero y acordaron seguir organizados contra proyectos extractivistas e invasivos como las industrias y las inmobiliarias que están contaminando y agotando el agua de la región cholulteca.
Durante todo este tiempo, a través de litigios que han revelado poco a poco la contaminación que la empresa Pro Faj Hidro Limpieza S.A. de C.V. y el Secretario de Gobernación Javier Aquino Limón niegan, la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero de Cholula y en Defensa del Agua han avanzado en una defensa que ha puesto al descubierto vínculos de oro en las altas esferas del poder político y que pronto alcanzará al Senado de la República.
Mientras tanto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa declaró infundada la queja 194/2024 interpuesta por la PROFEPA para evitar colocar nuevamente los sellos de clausura en el basurero de Cholula. Al perder este recurso legal ante el juez, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente deberá proceder en los próximos días con la recolocación de los sellos de clausura del basurero, lo que evidencia una vez más que Pro Faj Hidro Limpieza no ha cumplido con las medidas correctivas impuestas por la dependencia federal.
La Unión de Pueblos Cholultecas y de los Volcanes invita a la Segunda Asamblea de Pueblos Originarios en Coronango, programada para el 1 de septiembre de 2024.
